Asesoría integral para particulares, empresas y autónomos. Despacho jurídico Sánchez Cabeza en Zaragoza.

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ASESORÍA EN ZARAGOZA

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Despacho Jurídico Sánchez Cabeza

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Somos un despacho de profesionales, formado por asesores y abogados, con más de 30 años de experiencia en el asesoramiento y gestión integral de empresas, autónomos y particulares, dando una solución rápida y eficaz a los problemas que se puedan plantear en el día a día de su negocio, a través de un trato personal y directo con el cliente.

Nuestros servicios abarcan no solo las fundamentales áreas fiscallaboralcontable mercantil de todo negocio, sino también labores jurídicas-legales, tan necesarias en el desarrollo de su empresa como las anteriores.


¿Cómo crear una Sociedad Limitada?

¿Cómo crear una Sociedad Limitada?

¿Cómo crear una Sociedad Limitada?
La Sociedad Limitada es una empresa muy común en el sector empresarial de este país, si desea crear una sociedad porque tiene una buena idea de negocio debe saber que no es complicado, pero es necesario seguir unos pasos.

Deberá pensar y registrar el nombre de la S.L. en el Registro Mercantil comprobando que ese nombre no existe, cuando le concedan el certificado dicho nombre estará reservado durante 6 meses.

Tendrá que abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en la que ingresará el capital inicial, el banco le dará un certificado del ingreso.

Es importante redactar los estatutos sociales que se añadirán a la escritura pública de la constitución, en este documento deberá constar el domicilio, la actividad a la que se dedique, restricciones, tipo de organización, etc.

La escritura pública de la constitución hay que hacerla ante notario y su precio el algo elevado, tendrá que presentar una serie de documentos para esta escritura que son los estatutos sociales redactados correctamente, la certificación negativa en el Registro Mercantil, la certificación del banco de la aportación al Capital Social, el DNI de los socios fundadores y la declaración de inversiones exteriores si alguno de los socios fuera extranjero.

A continuación obtendrá el Número de Identificación Fiscal provisional para la sociedad, dicho NIF tendrá una validez de 6 meses. Deberá presentar en Hacienda la declaración el IVA para indicar el comienzo de la actividad.

La sociedad debe estar inscrita en el Registro Mercantil de la provincia del domicilio fiscal, hay un plazo de 2 meses para hacer este trámite desde la obtención de las escrituras.

Una vez haya terminado el proceso podrá adquirir el NIF definitivo canjeando la tarjeta provisional.

Debe saber que el administrador o los administradores deben de estar dados de alta como autónomos.
Soluciones rápidas a las facturas impagadas

Soluciones rápidas a las facturas impagadas

Soluciones rápidas a las facturas impagadas
Cuando una y otra vez, pymes y autónomos, tienen que hacer frente a la desagradable situación de encontrarse con facturas impagadas por parte de sus clientes, o en el mejor de los casos, con el retraso en el pago de las mismas, podemos fácilmente pensar que se encuentran dentro de un marco de desprotección. Sin embargo, existen soluciones para poder recuperar el dinero, ¿cuáles? Iniciar los procedimientos monitorio y cambiario.

¿Cuándo se debe acudir al proceso monitorio? En aquellos supuestos en los que se haya firmado un contrato. A través de este procedimiento es posible reclamar cualquier cantidad de dinero, por grande que sea, siendo tan solo necesario presentar ante el Juzgado correspondiente el formulario oficial que a disposición de cualquier persona se encuentra en la página web del Consejo General del Poder Judicial.

A esto se le llama petición inicial de procedimiento monitorio. Si el deudor no se opone, y la cantidad que se adeuda se encuentra por debajo de los 2.000 euros, podrá ejecutarse directamente la sentencia, sin necesidad alguna de tener que contratar abogado y procurador, siendo obligatorio hacerse con sus servicios, cuando la cantidad adeuda supere a la antes citada.

No obstante, el deudor podrá oponerse, siempre que existan motivos fundados. En tal caso, cuando la cantidad adeudada se encuentre por debajo de los 6.000 euros se podrá acudir al juicio verbal, cuya tramitación es mucho rápida y ágil que la del juicio ordinario. Por el ordinario, deberá optarse cuando la cantidad sea superior a la anterior. ¿Y si el deudor se opone sin motivos? Se le podrán reclamar a éste las costas del procedimiento.

Puede ser que no se haya firmado un contrato. ¿Qué ocurre si la cantidad reclamada tiene que ver con una letra de cambio, un cheque o un pagaré? En este tipo de supuestos, es recomendable acudir al Juicio Cambiario, ya que se trata de un procedimiento más ligero todavía que el proceso monitorio.

Esto se debe a que, el Juzgado puede despachar su ejecución de forma automática, empezando a partir de ese momento, a contar un plazo de 10 días, en el que el deudor podrá hacer frente al pago de la deuda. ¿Y si transcurrido el plazo no hubiese pagado? Será el Juzgado el que directamente proceda al embargo preventivo de sus bienes. Por último, recordar que, en todo Juicio Cambiario, será obligatorio, sea cual sea la cantidad adeudada, contratar los servicios de un abogado y un procurador.
¿Qué es el desahucio express?

¿Qué es el desahucio express?

El término desahucio express se refiere una serie de medidas que agilizan los plazos y requisitos para que el propietario de una vivienda pueda rescindir el contrato de alquiler que le vincula a un inquilino y desalojar a éste de dicha vivienda.

Veámoslo con un ejemplo: supongamos que es usted propietario de un piso en Zaragoza y decide alquilarlo a una persona. Pasado el tiempo, su inquilino deja de pagar el alquiler y se ve usted forzado a acudir a un despacho de abogados en Zaragoza para que interpongan contra aquél una demanda de reclamación de rentas y desahucio.

Ahora, su inquilino puede hacer tres cosas: pagar, contestar a la demanda o no hacer nada. Si el demandado no contesta en el plazo de diez días, ya no se celebraría juicio y directamente se dicta sentencia y se le da plazo al arrendatario para abandonar la vivienda. Esto acorta enormemente los plazos y costes derivados de los procedimientos de desahucio. En la mayoría de Juzgados de Zaragoza, desde la interposición de la demanda de desahucio hasta que se dicta sentencia en este tipo de supuestos no pasan ni dos meses.

Desde nuestro despacho de abogados en Zaragoza asesoramos a nuestros clientes que son propietarios de un piso alquilado con la problemática descrita sobre la forma más efectiva, económica y rápida de obtener una sentencia de desahucio que les permita ser reintegrados en la posesión de su vivienda en alquiler. Interponemos además de manera acumulada la oportuna demanda de desahucio con otra de reclamación de rentas impagadas, de tal manera que el hecho de que su inquilino deudor acabe abandonando su vivienda vía desahucio no le impida reclamarle paralelamente las rentas que le deba y, por supuesto, cualquier desperfecto que le haya ocasionado en su piso.

Si quiere contar con la ayuda de nuestros expertos en desahucios, no dude más en visitar nuestra asesoría. Le ayudamos.
Evolución del mercado

Evolución del mercado

A principios de 2012 parecía del todo probable al conjunto inversor un rescate en la economía española, entendiendo como tal una intervención íntegra de sus cuentas, al estilo de lo ocurrido en otros países como Portugal o Irlanda (por no mencionar Grecia, que por su especial gravedad, parece un caso distinto). Por este motivo, los bonos públicos españoles, durante años, cotizaron situaciones muy adversas que, visto con retrospectiva, tenían poca o ninguna justificación según cita Z Abogados Madrid en su web.

La toma de conciencia por parte de los inversores de lo que suponía, en términos de crecimiento y de saneamiento de la economía, la reforma laboral, la bancaria y, especialmente, el apoyo del Banco Central Europeo a las deudas públicas de los países que cumplieran su senda de estabilización, cambió radicalmente la percepción del riesgo sobre la economía española. De una forma cuantitativa, este cambio de enfoque provocó que el bono español a 10 años pasara de cotizar en rentabilidades cercanas al 7,5% a poco más del 44% en un año, y por debajo del 2% dos años después.

Si el inversor no está habituado a tomar decisiones de inversión de carácter estratégico, puede pensar que un año es más que suficiente para adaptarse a un nuevo marco de mercado. Pero desde nuestra asesoría de Zaragoza, le aseguramos que esta adaptación supone un cambio mental demasiado importante para poder acometerlo de manera rápida o decidida. Así, solo los inversores que vieran la oportunidad o el peligro en el origen, tienen al aptitud de adaptarse al cambio desde el principio.

El mercado va muy rápido y nunca hay un nivel bueno de entrada. La inversión se convierte en un continuo esperar a que el mercado corrija si no se cuenta con una buena asesoría como la que pueden ofrecerle nuestros abogados. Ellos trabajarán para ayudarle a conocer a fondo su perfil de inversión. Pero sobre todo, le orientarán para que no dé por hecho que los mercados se comportarán de una determinada manera en el largo plazo: cambios en las estimaciones a futuro de variables presentes pueden arrastras a los inversores a una visión muy distinta que, no cogida a tiempo, supone un auténtico descalabro.
Convenios internacionales contra la corrupción

Convenios internacionales contra la corrupción

Uno de los puntos que abordan nuestros asesores, expertos en inversiones, es el tema de la corrupción. España es un país atractivo para invertir, y para delinquir. Si quiere evitar conflictos, no dude en visitar nuestra asesoría en Zaragoza, le informaremos de la legislación a respetar para que haga su inversión con total tranquilidad.

Los países de la OCDE cuentan con varios acuerdos que obligan a los países miembros a luchar contra la corrupción de agentes públicos extranjeros.

El principal tiene como objetivo asegurar una libre competencia, no viciada por prácticas corruptas. Este objetivo se ha traducido en el compromiso de introducir las modificaciones legales necesarias para poder castigar los actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros realizados por sus nacionales, con el fin de conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.

41 países deben respetar estas normas: los 34 miembros de la OCDE, entre los que figura España, más Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, Rusia y Sudáfrica.

¿Cuáles son las obligaciones principales?

Penal: El Convenio establece la obligación de definir como delito y castigar el cohecho realizado para la obtención de algún contrato internacional. Este instrumento también sanciona la complicidad.

Contable: Establece recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se sancionan las omisiones, alteraciones, fraude y falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de ocultar el cohecho.

Blanqueo de dinero: El detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionales es suficiente para provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales para que esos pagos puedan ser confiscados.

Asistencia legal mutua: Si se utilizan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, el Convenio obliga a los países signatarios a proveer el apoyo legal oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradición.
El capital social

El capital social

El capital social es uno de los caracteres fundamentales de toda sociedad capitalista. En toda empresa o negocio, este es uno de los términos que más problemas suelen plantear a quienes desconocen la terminología legal.

Desde un punto de vista jurídico, el capital social es la cifra, expresada en euros, que aparece determinada en los estatutos sociales y que representa el importe de las aportaciones de los socios o de lo que se han comprometido a aportar. Desde un punto de vista económico, el capital social designa el conjunto de bienes y derechos que los socios aportan o se comprometen a aportar a la sociedad, que constituye la primera partida del pasivo de esa sociedad y que ha de servir, al menos, de entrada, para que ésta pueda desarrollar su actividad económica. En general se dice que el capital social desempeña tres funciones en toda sociedad capitalista:
  • Una función financiera, puesto que las aportaciones de los socios constituyen la primera fuente de recursos de una sociedad.
  • Una función organizativa de la sociedad: se divide en acciones, cuya titularidad determina la intensidad de los derechos individuales del socio.
  • Una función jurídica: pretende informar a los terceros de la situación patrimonial de la sociedad y juega como parámetro de referencia a la hora de permitir o no la distribución de dividendos, a la hora de imponer la reducción del capital social, o incluso a la hora de disolver la sociedad.

Si necesita la ayuda de un abogado para comprender cómo funciona su negocio, le recomendamos que visite nuestra asesoría. Puede encontrar nuestro despacho en Zaragoza, así que no dude en visitarnos. Nuestros expertos, profesionales del derecho y la economía, tienen respuestas a todas sus dudas, y podrán asesorarle acerca de éste, y otros muchos trámites a los que se enfrentará si es dueño o parte de un negocio.
Análisis sobre el sector asegurador en España

Análisis sobre el sector asegurador en España

El sector asegurador ha tenido un comportamiento ejemplar durante la vigente crisis, no ha habido quiebras, ni rescates de entidades aseguradoras. Obviamente, la crisis ha impactado en la recaudación de primas, pero no en la solvencia. El volumen de primas en la mayoría de los ramos de seguro se ha estancado o reducido ligeramente. Sin embargo, el menor volumen de ingresos se ha visto compensado con una menor siniestralidad. Y así todos ganamos. Con la recuperación económica, los ingresos por primas se están empezando a recuperar, aunque se prevé que lo harán a un ritmo ligeramente inferior al del conjunto de la economía española.

Ante la incertidumbre del sistema público de pensiones, ¿debe el Gobierno incentivar los sistemas complementarios de pensiones? Si quiere entrar a debatir esta cuestión, nuestros abogados, desde su despacho de Zaragoza, conocen el sector y podrán orientarle en su discurso.

La incentivación de los sistemas complementarios de pensiones es algo que está asumido por todos los poderes públicos y las instituciones comunitarias. El Parlamento Europeo ha reconocido que la estructura de los tres pilares es una opción equilibrada, y que es absolutamente necesario que los sistemas obligatorios de pensiones se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos, y con los productos adicionales individuales: he aquí nuestros tres pilares.

Por su parte, la Comisión Europea alerta de que el envejecimiento de la población es un reto importante para los sistemas de pensiones de los Estados. Por esta razón, el Ejecutivo comunitario recomienda que los planes de ahorro complementarios de jubilación desempeñen un papel más importante a la hora de garantizar la futura adecuación de las pensiones.

Si quiere más información acerca de cómo poder asegurarse una calidad de vida en el futuro, y cómo complementar su jubilación, contacte con nuestra asesoría. Podrá encontrar nuestro despacho en pleno centro de Zaragoza.
Pactos parasociales

Pactos parasociales

De entrada, hay que decir que el concepto de pacto parasocial que utiliza el legislador en sede de sociedades cotizadas no coincide con el concepto general de pacto parasocial. A tenor de la Ley de Sociedades de Capital, se entiende por pacto parasocial a estos efectos aquel pacto que incluya la regulación del ejercicio del derecho de voto o que restrinja o condicione la transmisibilidad de las acciones y/o de las obligaciones convertibles. Por tanto, su alcance es mucho más limitado.

Quedan fuera de este concepto de pacto parasocial muchos otros pactos que siendo extra-estatutarios no quedarían sometidos al régimen de publicidad que el legislador ha dispuesto para los que propiamente considera como pactos parasociales. Pensemos por ejemplo en pactos de relación como el compromiso de permanencia en la sociedad o pactos de atribución como el compromiso de los socios firmantes del acuerdo de financiar nuevas actividades de la sociedad. Todos ellos quedarían fuera de la regulación que ha previsto la Ley.

Con el fin de potenciar la transparencia en el funcionamiento de la Junta General de Accionistas de las sociedades cotizadas y por esta vía, potenciar también la participación de los accionistas minoritarios, el legislador ha dispuesto que los pactos parasociales de las sociedades cotizadas que cumplan ciertos requisitos deban ser objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y después depósito en el Registro Mercantil y publicación como hecho relevante a través de la página web de la CNMV.

En caso de que los pactos parasociales no sean objeto de la publicidad que exige la ley, la sanción que anuda la ley a dicho incumplimiento es la ineficacia del pacto entre quienes lo suscribieron. Por tanto, los accionistas que lo firmaron no estarán obligados a cumplir lo pactado y su incumplimiento -habida cuenta de la ineficacia del pacto en el que tendrían su base las obligaciones incumplidas- no generaría responsabilidad para los accionistas incumplidores.

Si quiere saber más, visite nuestra asesoría de Zaragoza, le orientamos sobre la parte mercantil de su negocio.
Responsabilidad patrimonial universal del deudor

Responsabilidad patrimonial universal del deudor

La satisfacción del interés del acreedor está tutelada por la afección de todos los bienes del deudor al cumplimiento de las obligaciones que éste hubiera contraído. Se trata de la llamada responsabilidad patrimonial universal, en cuya virtud, del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.

Esta regla se ha visto afectada en nuestro Derecho por la admisión de la posibilidad de constituir sociedades de responsabilidad limitada de socio único: mediante este mecanismo una persona puede obtener una limitación de su responsabilidad, ya que de las obligaciones asumidas por la sociedad de la que es socio único (y, por tanto, asumidas en realidad por él) responden únicamente los bienes de la sociedad, y no los bienes personales del socio único.

Según se extrae de lo dispuesto en el Código Civil español, la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones tiene carácter patrimonial, afectando exclusivamente a bienes del deudor, es decir, está excluyendo toda responsabilidad personal.

También conforme a este código, la responsabilidad patrimonial tiene carácter universal o ilimitado: esto quiere decir que afecta a todos los bienes presentes y futuros del deudor. Por ello, el acreedor puede dirigir la ejecución no sólo contra los bienes que se encontraban en el patrimonio del deudor cuando éste contrajo la obligación, sino también contra los bienes que hubiesen entrado a formar parte de dicho patrimonio con posterioridad.

Como excepción al alcance ilimitado de la responsabilidad, la satisfacción del acreedor no puede realizarse sobre bienes que hubieran sido excluidos en virtud de una disposición legal. Por ejemplo, los bienes inembargables: el salario que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

La responsabilidad patrimonial puede aparecer en muchos ámbitos de la vida diaria. Si le suenan campanas, pero no sabe por dónde, llame enseguida a nuestros abogados especialistas en civil. Desde nuestra asesoría en Zaragoza, podemos ayudarle a resolver sus cuestiones legales.

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