Convenios internacionales contra la corrupción

Uno de los puntos que abordan nuestros asesores, expertos en inversiones, es el tema de la corrupción. España es un país atractivo para invertir, y para delinquir. Si quiere evitar conflictos, no dude en visitar nuestra asesoría en Zaragoza, le informaremos de la legislación a respetar para que haga su inversión con total tranquilidad.

Los países de la OCDE cuentan con varios acuerdos que obligan a los países miembros a luchar contra la corrupción de agentes públicos extranjeros.

El principal tiene como objetivo asegurar una libre competencia, no viciada por prácticas corruptas. Este objetivo se ha traducido en el compromiso de introducir las modificaciones legales necesarias para poder castigar los actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros realizados por sus nacionales, con el fin de conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales.

41 países deben respetar estas normas: los 34 miembros de la OCDE, entre los que figura España, más Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, Rusia y Sudáfrica.

¿Cuáles son las obligaciones principales?

Penal: El Convenio establece la obligación de definir como delito y castigar el cohecho realizado para la obtención de algún contrato internacional. Este instrumento también sanciona la complicidad.

Contable: Establece recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se sancionan las omisiones, alteraciones, fraude y falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de ocultar el cohecho.

Blanqueo de dinero: El detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones internacionales es suficiente para provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales para que esos pagos puedan ser confiscados.

Asistencia legal mutua: Si se utilizan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, el Convenio obliga a los países signatarios a proveer el apoyo legal oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradición.

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